miércoles, 2 de enero de 2013

Intereses de demora, intereses de usura



La banca aumenta los intereses de demora hipotecaria hasta niveles del 29%

En pleno debate sobre los desahucios (en Navarra, casi tres al día), los bancos están marcando récords en las penalizaciones que cobran a sus clientes por retrasarse en el pago de la hipoteca. Son los conocidos como “intereses de demora” y, en casos de entidades rescatadas con dinero público como el Banco de Valencia, llegan al 29%, según se extrae de la muestra de 18.000 escrituras hipotecarias que ha analizado la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE).
Se trata de un recargo en caso de impago diseñado originalmente para disuadir de la tentación del impago a los clientes pero que, en realidad, se está convirtiendo en una de las grandes causas de embargos hipotecarios y posteriores desahucios
Además de la cuestión moral de si entidades que han necesitado dinero público para pagar sus deudas deben cobrar esos intereses a los clientes por las suyas, existe un problema financiero de “retro-alimentación de la deuda”: cuando alguien se retrasa en el pago de la hipoteca, los intereses de demora multiplican su deuda exponencialmente hasta convertirla en lo que los expertos consultados definen como “deuda perpetua”. Esta deuda termina en deshaucios, siendo la mayor parte de ellos forzosos.
La mitad de las ejecuciones hipotecarias que inician bancos y cajas en Navarra se llevan a cabo mediante desahucios forzosos. O, lo que es lo mismo, los propietarios se resisten a perder su vivienda hasta el último momento y son desalojados por funcionarios judiciales, en ocasiones, con refuerzo policial. La otra mitad no espera a que les echen, se van antes de que les pongan de patitas en la calle.
Por todo ello:
Denunciamos, que dichas entidades lejos de asumir sus culpas, se están enriqueciendo, sádica e inmisericordemente a costa de destruir la vida de millones de empresas y familias mediante la imposición de intereses de demora de hasta un 33% (sin incluir comisiones) absolutamente leoninos, desproporcionados y que son una aberración.

Denunciamos,
que por parte del Gobierno no se ha adoptado ni una sola medida para limitar los intereses de demora que aplican las entidades financieras así como las claúsulas por vencimiento anticipado. Así pues, se ha ignorado la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Crédito al Consumo que establece que en ningún caso podrá aplicarse a los créditos al descubierto “un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente o superior a 2,5 veces el precio del dinero”, actualmente fijado en el 4% y que, por tanto, daría lugar a intereses de demora del 10% y no de hasta el 29% como en la actualidad están aplicando algunas entidades.
Denunciamos la aplicación de la Orden EAH /2899/2011 de 28 de octubre de “transparencia y protección del cliente de servicios financieros”, que impiden conocerse las tasas que aplican las entidades financieras en caso de impagos.

Denunciamos que, a día de hoy, las entidades incluyen en todos sus contratos dos cláusulas: La de vencimiento anticipado que permite la posibilidad de que el banco nos pueda reclamar toda la deuda por impago de una sola cuota y la que permite que el banco pueda cobrar sobre toda la deuda declarada vencida intereses de demora de hasta el 29% (en el caso enjuiciado el 24%).
Valoramos  que la Audiencia Provincial de Balears, en un auto de 27 de septiembre de 2011, ha confirmado una sentencia previa en la que se estima abusiva una cláusula de Sa Nostra, DE LA CAIXA balear, en la que los clientes de esta entidad se ven obligados a pagar un 24% por intereses de demora.
Valoramos que un juzgado de Amurrio ha anulado las cláusulas sobre los intereses de demora aplicados por varias entidades bancarias y de crédito, que oscilaban entre el 18 y el 25 por ciento, al entender que son "abusivos".
Valoramos que el pasado 27 de Noviembre el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Guipuzkoa), suspendió un procedimiento hipotecario instado por la Caja Rural de Navarra  hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencie si la normativa española en materia hipotecaria vulnera la normativa europea de consumo.
Valoramos, también, que los cerrajeros de Pamplona han acordado no colaborar en ningún deshaucio, y apelan a la conciencia del resto de sectores que participan en los procedimientos hipotecarios para que se sumen a esta iniciativa.

Esperamos que estas herramientas legales y morales, sirvan a los ciudadanos que estén bajo el yugo de dichos intereses, para acabar con este sistema corrupto y asesino. La dación en pago no es suficiente, hay que acabar con la estructura del sistema financiero. ¡Asóciate y lucha contra la injusticia!