La retirada por
parte del Presidente de Gobierno del “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección
de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, es una
decisión política con unas implicaciones morales muy graves, dado que la medida
del Sr. Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de
los desamparos.
El derecho a
la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos, y sobre
el que se sustentan todos los demás. Obviamente, el juicio moral de las
políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la tutela de la
vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia
determinados valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro tipo de
valores morales.
Pero cuando lo
que está en juego es el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos
ante una cuestión más, entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los
dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de
trescientas vidas humanas, a las que se les niega el más elemental de los
derechos: el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de un ley inicua
que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar.
Si bien el
Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo
con la ley abortista de Zapatero (2010), finalmente, ha terminado por asumir la aberración de
considerar al aborto como un derecho humano. (Conviene puntualizar que no
existe en el mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su
legislación).
Desgraciadamente,
no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular.
Los hechos
demuestran que la supuesta “izquierda” es la que termina marcando el camino a
la supuesta “derecha”.
Cada vez
existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado
que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la
ideología de género. Alguien
dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se caracteriza
por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y psicológicamente
freudiano.
La decisión
tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate
ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica:
-¿Qué tipo de
presencia deben de tener los católicos en la vida política?
-¿Es coherente
que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas
propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos?
-¿Pueden los
católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en
el principio del “mal menor”?
El tiempo ha
demostrado que por el camino del “mal menor” se termina llegando al “mal mayor”. La opción del “mal menor” solo puede ser
acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria; sin caer en la
tentación de hacer de ella su “santo y seña”. Y es que… Jesucristo nos enseñó a
apostar por el bien; no por el mal menor.
De forma similar
a como me consta que un número significativo de militantes del Partido
Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su
partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora
serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular (aunque los
aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho).
Estamos ante un
test importante para medir nuestra jerarquía de valores:
-¿La ideología
por encima de los valores morales?
-¿O los valores
morales por encima de la ideología?
No caben las
componendas; hay que optar.
Los creyentes
tienen un serio problema: en el arco
parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de
representar al voto católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a
los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a
los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de
Diputados.
El quehacer de
los obispos es la iluminación moral, y no la conformación de alternativas
políticas. He aquí uno
de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La
vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es
la de hacerse presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas,
capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que
inspiran la Doctrina Social Católica.
Ni qué decir
tiene que aunque estas reflexiones están referidas prioritariamente a los
católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones
religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la
integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la
vida humana en el seno materno.
La cuestión es la
siguiente:
-¿Quién
prestará su voz a los que no tienen voz?
-¿Quién está
dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía
no pueden hablar por sí mismos?
-¿Y quién
ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una
alternativa a esa trampa mortal llamada “derecho a abortar”?
+ José
Ignacio Munilla
Obispo de
San Sebastián