sábado, 8 de febrero de 2014

¿AGILIZACIÓN DE LOS ALQUILERES? NO, RESCATE A LA BANCA.

La anunciada reforma “de agilización de los alquileres” es otra cosa: un conjunto de medidas destinadas a dar salida al stock inmobiliario de la banca. A la opinión pública se le escamotean las importantes subvenciones fiscales para los compradores extranjeros de inmuebles y para las sociedades de inversión inmobiliaria. Se elimina el IBI del 3% para no residentes, y se grava con fiscalidad cero los beneficios de las SOCIMI y de las sociedades que arrienden inmuebles.

Todo esto tiene un sentido: dar salida al “banco malo”, animar a los compradores del enorme stock de inmuebles en manos de la banca. Capitales chinos, rusos y americanos están comprando inmuebles en España al por mayor (a los bancos), y el tinglado de las SOCIMI está diseñado ad hoc para sociedades que “muevan” los activos indistintantemente del alquiler a la compraventa. Es un paso más en la puesta de recursos públicos para el rescate de la banca “privada”.
Los medidas de agilización del desahucio de inquilinos, de acortamiento de los plazos del alquiler, de inestabilidad de los contratos de arrendamiento, van dirigidas a animar a esos futuros y deseados compradores. Se dota de más “liquidez” a lo que ellos llaman “activos inmobiliarios”, garantizándoles los mecanismos más rápidos para deshacerse de un inquilino, para quitar el “bicho” de la vivienda. Lo que de paso permite extender un velo sobre los ojos de la opinión pública, a la que se confunde agitando los miedos del pequeño propietario, criminalizando la figura del inquilino. Pero no nos engañemos: no se defiende al pequeño propietario sino al nuevo latifundismo que empieza a constituirse a partir del stock bancario procedente del crack de la burbuja inmobiliaria.
El Gobierno no se acuerda de las 350.000 familias ejecutadas hipotecariamente, ésas que han elevado el porcentaje de vivienda en alquiler en nuestro país desde el 11% de 2007 hasta el 17% que anuncia el Gobierno (suponemos que con datos no publicados aún del Censo de Población y Viviendas de 2011). Esas familias ya han sufrido un desahucio traumático y les ha quedado una deuda monstruosa de por vida. Ahora sobreviven de alquiler, y con el proyecto del Gobierno expuestas aún más a la repetición del desahucio, a la vivienda precaria de por vida, como sus vidas.
Un Gobierno democrático debe hacer algo completamente diferente. Debe dar un giro a sus políticas de vivienda (VINSA), que deben dejar de ser el “seguro de paro”, las garantes de un nivel de precios y de actividad de constructoras y promotoras. El Gobierno democrático debería apropiarse del stock inmobiliario de la banca para convertirlo en un parque público de alquiler a precios sociales. Algo que no llegaría a compensar el ingente desvío de fondos públicos para el rescate de la banca, que nos está empobreciendo a todos.